Por. Ricardo Cardona Alvarenga.
Durante meses se ha suscitado
en el país, un amplio debate sobre tres cuestiones que se vuelve indispensable
resolver para garantizar una sana convivencia social.
1) El generalizado irrespeto a la
legalidad y a las más elementales normas de convivencia ciudadana, la
contravención a las regulaciones
institucionales, la contradicción entre los intereses de los partidos políticos y el interés
generalizado de la población, son
cuestiones que se asumen como parte de la realidad. En este contexto el
atentado a las más elementales normas de ética profesional pareciera ser ya parte de nuestra cultura.
2) La cada vez más compleja situación económico /
financiera de grandes sectores sociales, una
situación de práctica subsistencia
motivada por los altos índices
de desempleo y subempleo, escasa
inversión productiva y exiguo nivel de
crecimiento económico. Los cambios de enfoque en el tratamiento de los
problemas, la profundización de las reformas fiscales, la reorientación del
gasto social y el endeudamiento creciente ya no son suficientes para atenuar la
situación.
3) Los altos índices de inseguridad
ciudadana, violencia e intolerancia que se manifiestan en la ausencia de
valores en todos los ámbitos de la vida en sociedad, lo que propicia una profunda desintegración social. Situación
por demás, mucho más difícil de
enfrentar y corregir ya que se vuelve parte intrínseca de las personas, de su
forma de sentir y actuar, parte de su
acervo cultural.
Ante tal estado de
descomposición, el país necesita emprender sin mayor dilación una verdadera y
profunda transformación estructural, una redefinición de los cimientos sobre
los que se sustenta la institucionalidad y el funcionamiento del Estado.
La adopción de decisiones
políticas valientes y consensuadas, el
impulso de medidas económicas aplicadas
con rigurosidad técnica y ética profesional y un intenso y generalizado
esfuerzo formativo en principios y valores,
hacen viable todavía, en opinión
de los que vemos el futuro con optimismo, corregir el rumbo del país.
La
única salida pues, de acuerdo a la opinión compartida por un conjunto
importante de trabajadores, profesionales y académicos, es lo que se podría
definir como “La Refundación del País”, sustentada en un gran acuerdo
Nacional, para transformar:
1) La visión del estado, los compromisos
políticos y la propuesta de nación, el
tratamiento de la seguridad con todas sus aristas y vertientes, física,
jurídica e institucional y el andamiaje legal y organizacional que la sustenta.
1)
El
modelo de gestión gubernamental y su prospección programática
institucional, La política económica
monetaria, crediticia y fiscal y su articulación a una propuesta de generación
y acumulación de riqueza, ahorro e inversión.
1)
El rol
y la composición del tejido social, los mecanismos de participación ciudadana y
contraloría social y el programa de acción social y prestación de servicios básicos,
educación y salud incluyendo la
generación de empleo, la forma de retiro
y el tratamiento del régimen de pensiones.
Esa
transformación deberá sustentarse en:
Tres ejes prioritarios
de acción:
1)
Un
eje jurídico institucional y de fortalecimiento democrático, que impulse la
modernización de la infraestructura institucional a fin de facilitar el ejercicio
eficiente de la actividad gubernamental y la prestación de servicios,
incluyendo la despartidización de las instituciones y la rendición de cuentas.
2)
Un
eje de Innovación, tecnología y desarrollo, poniendo al país en el primer nivel
del conocimiento incentivando la investigación, la innovación y el desarrollo
tecnológico, el incremento de la
productividad y el crecimiento robusto y sostenible de nuestra base material y
nuestra riqueza.
3)
Un
eje de integración y cohesión social que desarrolle mecanismos efectivos de
participación, representación y control ciudadano, el fortalecimiento de los
principios cívicos, valores morales y éticos en el ejercicio profesional y el
respeto y confianza hacia los demás.
Tres momentos en el
tiempo:
1)
un
plan de contingencia “del 1 de julio 2014 al 31 de diciembre 2015” que deberá garantizar las condiciones de una
verdadera transformación, con decisiones difíciles pero valientes que aseguren
el impacto deseado, en el cambio del rumbo necesario para iniciar la
recuperación. La medidas puntuales se deberán impulsar con la aprobación del
gran acuerdo nacional y ser claramente definidas y aceptadas por todos.
2)
Un
Plan Quinquenal de gobierno “2014 –
2019”, congruente con las reformas planteadas que deberá
crear las condiciones y desarrollar las acciones, incentivos y controles
para generar el impulso decisivo a la inversión y al crecimiento de la
producción y del empleo.
3)
Un
plan de largo plazo, “Proyección del país al primer cuarto de siglo, 2014
2025”, que deberá contener las grandes
líneas de acción del nuevo país, definir y señalar claramente el rumbo que
queremos construir durante los próximos años, un país del siglo XXI, el país
del Bicentenario.
Tres espacios de
acción:
El
Estado Salvadoreño debe articular su desempeño en tres ámbitos de acción:
1)
El
nacional a través de un gran acuerdo de concertación como se ha señalado, con
rumbo, cronograma y desarrollo programático definidos.
2)
El
regional generando un decidido impulso a la integración regional y la
consolidación de acuerdos en todos los temas de interés y beneficio común y
3)
El
internacional que garantice relaciones diplomáticas, comerciales y de
cooperación con todos los países y regiones y aproveche las ventajas
comparativas y competitivas nacionales y regionales.
Tres requisitos para
la transformación:
1)
La
conformación de un “Consejo de Notables”, que
prepare una propuesta de reforma constitucional, adecuada a la realidad
nacional, al contexto internacional y a la necesidad de consolidar el modelo
democrático, y el modelo de país propuesto.
2)
La
conformación de un “Consejo Asesor de Planificación”, que asesore la definición y puesta en marcha
del modelo económico que regirá el crecimiento, la generación de riqueza y el
desarrollo sostenible.
3)
La
creación de los “Comités de Gestión Local (CGL)” que garanticen la conformación
del grupo adecuado para conducir la participación ciudadana en las distintas
localidades.
La
designación de estas instancias debe ser un ejercicio democrático de
representación que garantice su legitimidad y asegure su funcionalidad. La
garantía de efectividad entonces, a diferencia de otros ejercicios del
pasado, consistirá en lograr la
conformación óptima del grupo propulsor, asegurando la conjunción de las
siguientes condiciones básicas:
Tres condiciones de
efectividad:
1)
Autoridad, que representa a quienes tienen el
derecho legal de decidir en función del cargo que ocupan.
2)
Poder,
que representa
a quienes participan directamente en la implementación de las medidas y por lo tanto pueden apoyarlas o boicotearlas.
3) Influencia, que representa a aquellos que, sin
contar con la autoridad ni el poder, dominan la tecnología o la información
necesaria para convencer a otros de apoyar las decisiones.
Solo
la confluencia de esos tres factores (CAPI),
puede optimizar la eficacia de las medidas, el logro de resultados tangibles y
la sostenibilidad en el tiempo. La ciudadanía por su parte debe sumarse a los
diferentes esfuerzos y exigir su espacio para ser escuchada y tomada en
consideración en el tratamiento de los temas que le atañen.
Tres reflexiones
finales
Como señaló sabiamente en
alguna oportunidad el gran estadista Konrad Adenauer
- “La política es demasiado importante para dejársela solo a los políticos”
y como estableciera Charles de
Gaulle, a la postre impulsor de la
construcción de la “quinta república”,
- “La deliberación es trabajo de muchos, la decisión, de uno solo”
y finalmente como dijera el
mismo Aristóteles,
- “No
hace falta un gobierno perfecto; se necesita uno que sea práctico.”…….
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