Por. Ricardo Cardona
Alvarenga.
Durante la última semana hemos
presenciado numerosas interpretaciones y posiciones respecto al concepto de
Estado Fallido que el Arzobispo de San Salvador puso sobre la mesa el pasado
fin de semana.
Y la realidad es que el nivel de
la inseguridad sigue siendo alto. Son pocas las personas que no han sufrido de
cerca los efectos de la extorsión, el robo, el asalto o la muerte.
La población sigue sufriendo los
estragos de la violencia, de la anarquía y el caos, en una sociedad desintegrada,
desordenada y desesperada, sin importar la profundidad o superficialidad de los
análisis teóricos.
Los representantes de las
tendencias más conservadoras pretenden que se establezca una especie de
“co-gobierno” que por la vía de “acuerdos nacionales” sirva para “aprobar” las
políticas gubernamentales, de lo contrario se “retiran del diálogo” y se
dedican a criticar y atacar al gobierno a través de los distintos instrumentos
mediáticos a su disposición.
La izquierda por su parte,
reclama el derecho a disfrutar de las ventajas del poder en un esquema
neoliberal especulativo y mercantilista que propicia la desigualdad y la
dependencia. Ahora se suele practicar lo que antes se criticaba y se entrega el
control de puestos clave en el aparato de gobierno, para garantizar el
funcionamiento del modelo.
Parece que estamos condenados a
repetir la historia, que los pobres solo cuentan a la hora de solicitar el voto
y que las viejas demandas de igualdad, solidaridad y justicia social son
solamente partes del discurso histórico.
¿Cómo quedan las demandas de
inconstitucionalidad de la “Dolarización” y de los “Acuerdos de Libre
Comercio”, impulsadas en su momento por la cúpula izquierdista?
¿Cómo queda la demanda de
Inconstitucionalidad de la ley de amnistía que cobija crímenes de “Lesa Humanidad”?
¿Quien investiga y castiga la
negociación con criminales, la corrupción institucional, la venta de armas, el
narcotráfico, la extorsión y otros crímenes contra la sociedad?
Y que podemos decir del tráfico cuando hemos vuelto a las calles de un solo
carril, cuando la señalización es deficiente e irrespetada, cuando los agujeros
en el asfalto ya no se reparan sino se disfrazan, cuando las calles de San
Salvador son ventas ambulantes de varios carriles y los buses se detienen y cruzan
en los lugares más insospechados.
Y es que ya lo hemos repetido en
múltiples ocasiones. El Salvador es un país de contradicciones. Los salarios y
los servicios están al nivel de los más remotos países africanos, pero los
precios de los vehículos y las viviendas se cotizan a nivel de los más
avanzados países europeos.
Un país que no ha iniciado su
reconversión industrial; sin niveles aceptables de inversión productiva; con un sector agropecuario
en franco deterioro; sin control de la producción y distribución de la energía; las comunicaciones y el transporte manejados con criterio rentista; con una banca
dirigida por interese multilaterales
extranjeros; sin una verdadera banca de desarrollo; sin un modelo claro de
acumulación de capital; con una oferta exportable prácticamente inexistente y
un sistema de pensiones en crisis irreversible.
Ante esa triste realidad, a quien
le importa si se trata de un Estado Fallido, del caos institucional o del
fracaso de los esquemas tradicionales de concebir el “desarrollo social”. A
quien le preocupa si es la Influencia del Socialismo del siglo XXI o el fracaso
del Neo-liberalismo.
Y que podemos esperar de la
opinión de ex funcionarios que ya demostraron su incapacidad cuando estuvieron
en el cargo. Vemos desfilar por los medios a ex ministros de seguridad, ex
directores de la policía, ex fiscales, ex diputados y ex magistrados. Ahora
todos opinan con aires de suficiencia sobre lo que debería hacerse o dejarse de
hacer.
A veces para variar, incluso
invitan a extranjeros “residentes” que nada tienen que perder. Y es que en este
país de contradicciones cualquiera opina, hasta representantes de la diplomacia
extranjera que en cualquier otro país serían expulsados por injerencia en
asuntos políticos internos.
Los únicos que deberían opinar
son los salvadoreños en el exterior, quienes con su flujo de remesas permiten
que sigamos jugando a la democracia.
